....decreto 223/03 nomeação de ministro Corte Suprema Argentina....

DECRETO 222/03
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NOMBRAMIENTO DE MINISTROS. PROCEDIMIENTO B.O. 20/06/2003

Buenos.Aires., 19 de junio de 2003

VISTO

el artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la Nación Argentina,

y CONSIDERANDO:

Que en el artículo citado se determina que el Presidente de la Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a los magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto.

Que es pertinente que el ejercicio de esta facultad por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL sea reglamentada estableciendo parámetros a tener en cuenta para mejor selección del candidato propuesto de modo que su designación contribuya de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional.

Que resulta necesario tener presente, a la hora del ejercicio de tal facultad, las circunstancias atinentes a la composición general del Alto Cuerpo en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal.

Que a ello deben sumarse los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir.

Que para mejor cumplimiento de las finalidades indicadas resulta conveniente posibilitar, con la conformidad expresa de quien o quienes resulten motivo de solicitud de acuerdo, la acreditación de aspectos relativos a su trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, la concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley de Etica de la Función Pública y del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas.

Que corresponde también crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir.

Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos en el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta reglamentación busca instrumentar.

Que el procedimiento así reglado y los dispositivos del presente se adoptan sin perjuicio de la competencia y los procedimientos establecidos por el HONORABLE SENADO DE LA NACION en virtud de la atribución que el artículo constitucional citado le confiere y su propio reglamento determine.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1) de la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Art. 1° — Adóptase para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION el procedimiento establecido en el presente.

Art. 2° — Déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados, la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función.

Art. 3° — Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.

Art. 4° — Establécese que, producida una vacante en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, en un plazo máximo de TREINTA (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia.
En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red informática del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 5° — Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Etica de la Función Pública N° 25.188 y su reglamentación.
Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos OCHO (8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos OCHO (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.

Art. 6° — Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2° del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación.

Art. 7° — Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.

Art. 8° — Se recabará a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.

Art. 9° — En un plazo que no deberá superar los QUINCE (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al HONORABLE SENADO DE LA NACION, el nombramiento respectivo, a los fines del acuerdo.

Art. 10 — La autoridad de aplicación respecto del procedimiento aquí adoptado será el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 11 — Comuníquese, publíquese, etc.-

...acórdão que cassa rearranjo da sala de audiências criminal....

Acesso à Justiça (Seminário USP-Leste)

Acesso à justiça: Palestra em painel da USP Leste*



“Gostaria de começar enfocando uma questão que me parece importante, até para dar a devida relevância ao tema do acesso à Justiça, a apreciação pelo Judiciário de questões ligadas às políticas públicas.

O entendimento tradicional é o de que juízes não julgam políticas públicas. Judiciário não pode apreciar matéria que seja política, ou da conveniência e oportunidade do administrador, não ingressa no mérito administrativo nem gerencia orçamento.

Juiz deve julgar estritamente de acordo com a lei positiva. A função de interpretação deve se limitar a uma análise lógico-abstrata: a situação corresponde ou não a uma ordem legal. Matérias de política, ou economia, ou sociologia, ou psicologia, são estranhas ao direito, que é uma ciência pura.

Esse legalismo absoluto, dogmatismo extremo, já foi responsável por inúmeras barbáries e atrocidades. O regime nazista, o fascista e até mesmo nossa ditadura militar conviviam com juízes que seguiam “aplicando a lei”, qualquer que fosse ela, rigorosamente e sem questionamentos. Aliás, a história nos mostra que as ditaduras fecham muitos parlamentos, mas poucos tribunais, porque não necessitam –sempre há muitos juízes aplicando as leis, não importa quais forem.

O pós-guerra iluminou um novo constitucionalismo. Seja porque a dignidade da pessoa humana passa a ser o centro dos novos textos, seja porque o Estado do Bem-estar que surge incorpora nas Constituições dos diversos países direitos humanos de segunda geração: direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, direito à assistência jurídica.

No Brasil, nosso pós-guerra acabou atrasado por duas décadas e meia de ditadura e os conflitos emergem a partir da redemocratização, com uma Constituição pródiga em direitos e uma sociedade de massa pauperizada ansiosa para usufri-los. Aplicar a lei, dura lei, não é suficiente para a solução dos novos conflitos.

A disputa política no direito, hoje, é pelo valor do que está escrito na Constituição. Um bom exemplo é a teoria das normas programáticas, que quer dizer, em resumo, que os direitos inseridos na Constituição seriam apenas cartas de intenção, programas políticos, e só poderiam ser exigidos quando ou se transformados em leis específicas ou regulamentados pelos administradores. Ou seja, a vingar a idéia, a Constituição ficaria submetida à boa vontade dos governantes.

Os juízes, a meu ver tardiamente até, e de forma hesitante, começam agora a se livrar destas armadilhas, segundo as quais são responsáveis por apreciar todas as leis (menos a mais importante, a Constituição) e resolver todos os conflitos (menos os mais relevantes, chamados políticos).

E o Judiciário começa a apreciar, entre erros e acertos, políticas públicas, que são, nada mais nada menos, do que as obrigações constitucionais, o outro lado da moeda dos direitos escritos na lei.

Em alguns casos, as decisões judiciais acabam funcionando como elementos de pressão para a realização das políticas públicas, especificamente quando estão em jogo direitos fundamentais sonegados pela ação do estado.

Cito dois exemplos em que o Judiciário fez a diferença:

Crianças no Estado de São Paulo ficaram sem o abrigo do ensino público porque os Municípios as soltavam aos seis anos e o Estado se recusava a pegá-las antes dos sete. Milhares foram matriculadas na rede pública estadual por decisões judiciais. Hoje o ensino fundamental em nível nacional está estendido para nove anos, de modo a inserir todas as crianças de seis na rede pública.

A obrigação do Estado de fornecer medicamentos para aidéticos também se iniciou como uma batalha judicial e acabou por se transformar numa política pública da qual o Brasil é uma referência mundial.

Recentemente, o STF decidiu válida a condenação a um município para colocar todas as crianças menores de seis anos em creches, por ser uma obrigação constitucional. Outras despesas devem ser evitadas para fazer frente a esta.

Portanto, até porque o Judiciário hoje é um campo em que se discutem políticas públicas, a questão de acesso à Justiça tem extrema importância. Acesso à Justiça também pode ser porta de acesso às políticas públicas.

É preocupante que os políticos tenham prestado tão pouca atenção ao acesso das classes populares ao Judiciário, embora isso não surpreenda.

Maior acesso significa maior cobrança, maior exigência. Se o povo tem acesso à Justiça, pode exigir dos administradores direitos que lhes tem sido negados há muitos anos.

A meu ver, nenhuma política de acesso à Justiça é mais importante do que uma educação pública de qualidade. É fato que a distribuição de renda no Brasil é abissal; e a distribuição de educação é ainda mais profunda, o que termina por condenar grandes parcelas da população a sub-empregos e sub-salários. Mesmo no que respeita à Justiça, a compreensão dos direitos é extremamente fragilizada –há um nítido desconforto e insegurança de parcelas expressivas da população quanto a sua própria posição de credor de políticas; um enorme desconhecimento de situações que acabam por ensejar, muitas vezes, prática de ilícitos ou vitimizações.

Lembro de questões que vejo cotidianamente na Justiça Criminal. A aquisição por parte das pessoas de menor instrução de bens sem qualquer documentação ou segurança. Algumas vezes elas são processadas por receptação, porque juízes avaliam que não tomaram medidas de cautela que um comprador normal (com mais instrução, provavelmente) teria tomado; em outras, são vítimas freqüentes de estelionatários, como acontece em loteamentos irregulares.

O instrumento de acesso à justiça, por excelência, é o direito à “assistência jurídica”, constitucionalmente assegurado aos hipossuficientes.

O problema central é que este direito vem, há muitos anos, sendo tratado, de forma meramente assistencialista, e não como uma política pública. Sai governo e entra governo, continuamos tratando direitos como se fossem favores.

O assistencialismo tem implicado no fornecimento de advogados, às vezes qualificados, às vezes não, para que os mais necessitados possam ingressar em juízo, mas sempre em quantidade irrisória diante do volume da demanda.

A “assistência jurídica” prevista na Constituição é mais do que a “assistência judiciária”. Inclui orientação prévia, bem ainda educação jurídica, de cidadania, destinada a propagar o conhecimento dos direitos.

Política pública de assistência jurídica passa necessariamente pela criação, instalação e estruturação da Defensoria Pública –nosso “Sistema único de Assistência Jurídica”.

A Defensoria Pública foi instituída pela Constituição Federal de 1988 e, em vários Estados, tem tido inequívocas dificuldades de se instalar efetivamente. Em São Paulo, por exemplo, demorou 18 anos para ser criada e mesmo assim, com um número de profissionais muito inferior ao necessário para o atendimento à população carente –são apenas quatrocentos advogados para mais de quarenta milhões de habitantes.

Para tratar a Defensoria como verdadeira política pública é essencial criar uma instituição forte, autônoma e independente.

É preciso dotar a defensoria dos mesmos instrumentos que tornaram forte a instituição do Ministério Público. O crescimento do Ministério Público, em especial depois da Constituição de 1988, foi extremamente positivo para o Estado Democrático de Direito. Não há porque imaginar que o crescimento da DP também não o seja.

Se é certo que o Ministério Público é o advogado da sociedade, a Defensoria Pública é a advogada de quem quer fazer parte da sociedade, de uma população ainda marginalizada, inclusive na Justiça.

A Defensoria Pública tem o DNA da inclusão no sangue e pode se revelar um instrumento eficaz na luta da redução das desigualdades, que é um objetivo fundamental da República.

Embora ainda pequena, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem dado bons exemplos. Desde o movimento para sua criação, contou com a participação de centenas de entidades da sociedade civil, com quem continua mantendo constante interlocução para a formulação das suas próprias políticas.

Outra questão essencial para o acesso à justiça parece-me ser o fortalecimento das ações coletivas, hoje uma absoluta exceção no movimento forense.

Se pensarmos em políticas públicas no Judiciário, por exemplo, as ações coletivas são ainda mais necessárias, para evitar que as políticas aplicadas deixem de ser públicas pelo fato de que apenas alguns ingressam no Judiciário.

Infelizmente o dogmatismo a que fiz referência no começo da exposição sempre apostou no julgamento de ações individuais, inclusive para evitar disputas de classe. Isso é que Boaventura Santos denominava trivialização de conflitos. A legislação sempre foi tímida quanto à possibilidade de conflitos coletivos (onde muitos discutem o mesmo direito numa só ação) e a reposta dos tribunais, negativa. Toda sorte de obstáculos processuais foi criada para as causas coletivas. De modo que o STF é especialmente responsável pela imensidão de “pedidos idênticos” do qual hoje se queixa.

E se as ações coletivas são essenciais para a promoção das políticas públicas, e são via de regra propostas contra o Estado (que é quem está no débito das ações sociais), mais uma razão para afiançar a independência funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Do mesmo modo como o Ministério Público não pode ser tutelado pelo governador contra quem pode ajuizar ação de improbidade, a Defensoria também não pode se submeter ao chefe do Executivo de quem pode exigir, por exemplo, a criação de vagas em escolas públicas ou um transporte coletivo de qualidade, desnudando a falta de políticas sociais.

Enfoquemos agora, o outro lado da questão, o juiz.

O Judiciário é também responsável pela ampliação do acesso à Justiça –afinal, a legitimidade do poder em um Estado Democrático depende, necessariamente, de estar aberto a todos. E não somente a alguns.

Nesse ponto, o panorama de um maior acesso à Justiça tende a ser, no mínimo, assombroso: se o Judiciário já está para lá de congestionado, o que dirá com a estruturação de uma Defensoria mais atuante?

Acesso à justiça também deve ser acesso à justiça célere, pois em geral quem mais precisa é quem menos pode esperar.

Por muito tempo, vimos defendendo na Associação Juízes para a Democracia, a necessidade da democratização do Judiciário como ponto de partida para a compreensão do papel do juiz na garantia de direitos fundamentais.

Democratização talvez seja um objetivo ambicioso demais.

A desoligarquização do Judiciário já seria por si só um grande avanço.

O Judiciário ainda convive com uma noção oligárquica, aristocrática de poder, hierarquizada e distribuída de forma vertical, como instância militar. Distingue esse Judiciário anacrônico uma tradicional cultura de privilégios e uma forte defesa do corporativismo de cúpula. O povo é um sujeito incômodo nas lides da Justiça, tratadas em palácio quase imperiais, onde ainda impera uma linguagem, uma forma de comportamento e uma indumentária que o fazem sentir estranhos.

Nada mais significativo de que uma decisão recente de um juiz do Trabalho no Paraná, adiando uma audiência pelo fato de que o reclamante, o autor, não estava trajado de forma conveniente, ou seja, veio ao Fórum de chinelos, como trabalhava. Diante da enorme repercussão do fato, o juiz, na audiência seguinte, penitenciando-se por seu erro, ofereceu ao trabalhador um par de sapatos usados para que pudesse, enfim, trajar-se de forma conveniente.

Há um enorme equívoco nessa exigência.

Não é o povo que deve se vestir para estar diante da Justiça. É a Justiça que deve se despir, de seus mantos e seus privilégios, para estar diante do povo. Ainda falta compreender que somos nós, juízes, promotores, defensores, todos servidores públicos, e que nossa autoridade, o pouco de autoridade que compete a cada um de nós, só existe com a finalidade, de servir.

Essa oligarquização da Justiça tem profundas conseqüências na gestão.

Um exemplo paradigmático ocorreu no Estado de São Paulo. Durante décadas, desembargadores estabeleciam uma cota de processos que deviam julgar mensalmente, independente do volume que chegava ao tribunal. Era um privilégio –os juízes de primeira instância eram proibidos de fazê-lo. O resultado do represamento foi a criação de um estoque incontornável: mais de meio milhão de processos para serem julgados. Na Reforma do Judiciário, os parlamentares colocaram a regra que se destinava especificamente a São Paulo: “todos os processos, em todas as instâncias, deviam ser distribuídos imediatamente”.

O órgão especial, os 25 desembargadores mais antigos então, decidiram, antes de distribuir todos os processos a todos os desembargadores, que eles próprios ficariam de fora desta distribuição, a pretexto de que teriam a partir de então só funções políticas. Ou seja, os juízes mais antigos e experientes eram justamente aqueles que escapavam de dar sua cota de sacrifício. É o puro retrato de como o poder vem sendo exercido no país, como uma forma de vantagem pessoal.

Democratizar o acesso significa derrubar barreiras e facilitar ações.

A combinação Judiciário democrático, Ministério Público atuante e uma Defensoria estruturada pode render bons frutos para o acesso à Justiça, porque ela não se dá apenas com instrumentos processuais.

Um bom exemplo disso são os Juizados Especiais (antigamente chamados de Pequenas Causas).

Os Juizados foram criados para simplificar e baratear a justiça. No início, eram feitas apenas sessões à noite, justamente para possibilitar que os trabalhadores tivessem acesso, após o serviço.

Os Juizados acabaram despertando uma enorme demanda reprimida (daqueles que queriam entrar em juízo sem pagar advogados). Mas é certo que hoje, predominantemente, tem-se um Juizado afeto a questões de classe média, quase um juizado do consumidor: aumento de planos de saúde, mensalidades escolares, assinatura telefônica, acidentes de veículo e agora atrasos e cancelamentos de viagens aéreas.

As classes populares ainda não têm sido convidadas a participar desta experiência, ou talvez não se sintam à vontade na casa da Justiça, ou não tenham o conhecimento suficiente para transformar suas necessidades, que não são poucas, em ações. Espera-se profundamente que esse quadro mude com o crescimento da Defensoria.

De qualquer forma, é preciso expandir as boas experiências que são costumeiramente desprezadas, porque rompem tradições, como o Juizado Itinerante que se fez na região amazônica (dada a imensa distância das localidades aos fóruns), os comícios de cidadania feitos por juízes, no interior do Maranhão, para explicar aos eleitores como combater a corrupção eleitoral e o coronelismo, os Centros Integrados de Cidadania, montados de forma ainda tímida na periferia de São Paulo para levar diversos serviços, entre os quais a Justiça, à população mais carente.

Mais importante que a Justiça ir a estádios de futebol, shows de rock ou aos aeroportos, como se propõe hoje, talvez seja ocupar os espaços nas favelas, onde a falta crônica de Estado e de serviços públicos, de uma forma geral, acaba criando fontes alternativas e incontroláveis de poder. Saúda-se, também, uma experiência nova, como a primeira justiça de gênero em São Paulo, da Vara especial para julgar os processos das mulheres encarceradas, uma população que cresce em nível assustador no sistema penitenciário, com graves reflexos sociais.

Outras experiências, ao contrário, devem ser abandonadas, como a idéia de criar varas específicas para pobres (da assistência judiciária) como existe alguns Estados, com funcionamento mais moroso do que a de quem tem advogado próprio, ou o conceito que vem norteando a proposta de independência financeira da Justiça: o aumento das custas (ou seja do custo) do processo para fazer crescer o orçamento.

Tenho, ainda, duas observações a fazer acerca do acesso à Justiça.

Acesso à justiça não pode ser simplesmente uma consideração de ordem formal, capacidade de ingressar no Judiciário. Deve ser compreendido de uma forma mais ampla: acesso a uma ordem jurídica justa.

O sistema jurídico hoje está longe de ser um instrumento que reduza a desigualdade –ao contrário, o universo legal conspira contra a igualdade.

No sistema penal, isso é mais do que visível: a repressão é seletiva, é mais severa nos crimes patrimoniais e é muito mais implacável com os delitos dos pobres. Aqui a questão não é o acesso à Justiça, mas o acesso da Justiça. Na área criminal, não faltam pobres no Judiciário.

Na área cível, também se vê aos montes o tratamento desigual. Processar um banco é um sofrimento para o autor de pequenas posses, até a satisfação de seu crédito, mas na contramão a legislação permite até a prisão para garantia de uma dívida.

A alteração da lei de falências para a recuperação judicial, dá uma mostra por onde se ancora o legislador: incumbe aos trabalhadores o sacrifício da recuperação de uma empresa, como se viu na trágica situação dos funcionários da Varig. O objetivo é beneficiar os credores, instituições financeiras, para uma suposta diminuição dos juros que nunca chega ao consumidor.

Infelizmente, a desigualdade legal normalmente se opera em favor do forte. É o foro privilegiado para autoridades, a prisão especial aos diplomados, a imunidade parlamentar a políticos.

No panorama constitucional, no entanto, a única desigualdade que pode ser admitida é justamente aquela que tem por objetivo igualar.

Falamos muito de acesso à Justiça e de demora da Justiça, como negação a este acesso. De fato, muito do que se tem discutido, diz respeito à melhoria do sistema quanto à capacidade de receber e processar os milhões de feitos. Temos pensado em aumentar a capacidade de gestão e reconfigurar o quadro de recursos.

Mas nos preocupamos pouco com uma questão que a mim parece essencial: o excesso de demanda.

O volume de ações é de tal forma incontrolável que as medidas paliativas para um processamento mais ágil não serão suficientes para conferir eficiência ao Judiciário.

É bom que a sociedade seja estimulada a litigar, em busca de sua cidadania.

É importante que, depois de décadas de demandas reprimidas, sobretudo em face do autoritarismo que norteou as relações públicas e privadas, os agentes se sintam em condições de reclamar os seus direitos.

Mas é preciso ter em conta que este excesso de demandas acaba, via de regra, prejudicando aqueles que são mais necessitados. Nem sempre garantir o “acesso ao Judiciário” é o caminho mais curto em direção à Justiça.

Hoje, quem escolhe ir à Justiça é o réu.

O Estado prefere pagar seus compromissos na Justiça, pois pode fazer seus credores aguardarem anos nas filas do precatório. Até o INSS recorre à Justiça para atrasar pagamentos obrigatórios.

O empregador deixa o cumprimento de obrigações trabalhistas para uma eventual ação. Poucos empregados ajuízam contra a empresa e a maioria vai aceitar acordos com bons deságios.

Exemplo recente tem mostrado como se pode anular a eficiência de instrumentos criados para conferir agilidade.

É o caso das privatizações de serviços públicos de massa.

Os serviços se ampliaram estrondosamente, mas não as plataformas de atendimento. Há milhares de ações tramitando por juizados referentes a reclamações triviais contra empresas de telefonia e outras, que estão optando por resolver os problemas nos fóruns, com estrutura e pessoal fornecido pelo Estado.

É salutar que os órgãos públicos estejam tentando dar tramitação rápida a estas pequenas lides, em especial pela conciliação. No entanto, uma parte expressiva destas ações nem mesmo precisaria de solução judicial, se as empresas tratassem de receber reclamações contra seus serviços e se houvesse seriedade na fiscalização do Estado.

O poder de polícia, ou seja, a competência administrativa de fiscalização, praticamente se esgarçou no Brasil. As propostas modernas de esvaziamento do Estado acabaram desaguando na omissão ou quando não em agências reguladoras formadas por gestores que se mantêm mais independentes do poder público do que das empresas que devem fiscalizar. O resultado é visível: o Estado abriu mão do controle, as agências pouco regulam e as reclamações contra as empresas superlotam o Judiciário.

Acesso a justiça será sempre uma combinação de responsabilidade pública, compromisso com a igualdade e gestão democrática.

Mas o Judiciário jamais vai dar conta de resolver a ausência do Estado.”


*Debate em 2005, mediado pelo professor Fernando Aguilar, com o defensor público Vitore Maximiano e o procurador da República André de Carvalho Ramos

....proporcionalidade violada na lei de Tóxicos....

Vedar redutor do tráfico ao reincidente fere princípio da proporcionalidade

Assim, apenas a circunstância de ser o réu reincidente seria obstáculo à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º. A falta de aplicação desta causa de diminuição, todavia, como se demonstrará, atinge o princípio da proporcionalidade, e, in casu, projeta inconstitucionalidade.

Quanto a incorporação do princípio da proporcionalidade no direito brasileiro, preleciona Paulo Bonavides: “No Brasil, a proporcionalidade pode não existir enquanto norma geral de direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A noção mesmo se infere de outros princípios que lhe são afins, entre os quais se avulta, em primeiro lugar, o princípio da igualdade, sobretudo em se atentando para a passagem da igualdade-identidade à igualdade-proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de direito (...) O princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, direito positivo em nosso ordenamento constitucional (Curso de Direito Constitucional – Ed. Malheiros, p. 395/6).

A proporcionalidade estaria, incluída, portanto, na vedação de excessos, ínsita ao art. 37 da Constituição Federal e flui do espírito que anima em toda a sua extensão e profundidade o §2º, do art. 5º, o qual abrange a parte não-escrita ou não expressa dos direitos e garantias da Constituição. Conclui, assim, Bonavides: admitir a interpretação de que o legislador pode a seu livre alvedrio legislar sem limites, seria por abaixo todo o edifício jurídico e ignorar, por inteiro, a eficácia e a majestade dos princípios constitucionais. A Constituição estaria despedaçada pelo arbítrio do legislador (op. cit., p. 396).

Acrescenta Alberto Silva Franco, quanto à aplicabilidade do princípio da proporcionalidade no âmbito penal:

“Num modelo de Estado (Social) e Democrático de Direito, sustentado por um princípio antropocêntrico, não teria sentido, nem cabimento, a cominação ou aplicação de pena flagrantemente desproporcionada à gravidade do fato. Pena desse teor representa ofensa à condição humana, atingindo-a de modo contundente, na sua dignidade de pessoa. O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se em consequência, uma inaceitável desproporção” (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 6ª ed., p. 39).

No caso em questão, a proporcionalidade está vulnerada.

Senão, vejamos.

A lei, ao fixar como pena mínima para o delito cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, causa de diminuição de 1/6 a 2/3 para primários, acabou por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que integre organização criminosa), como é o caso dos autos, é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF).

A aplicação de pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria redução no patamar de 2/3, implicando sanção de 1 ano e 8 meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela não aplicação da causa de diminuição, pena de 5 anos. O peso da reincidência é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 da pena, sendo dois terços dela aplicada em função da reincidência (ou seja, por fato anterior).

Esta desproporção é inconstitucional, ainda, porque aprecia para a dosagem da pena valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência, estaríamos admitindo a aplicação do direito penal do autor e não do fato –punição fundada preponderamente em quem o agente é (em face de seus antecedentes) e não em razão do que o agente faz.

Conforme Muñoz Conde, “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10).

O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas expressões devem ser descartadas, inclusive pelo juiz.

No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Vista no RHC 81.057-8-SP).

Tenho que tal dimensão de acréscimo da pena (a que corresponde à negativa de aplicação da causa de diminuição) ofende a proporcionalidade, na medida em que possibilita aplicação de pena a maior pelos fatos pretéritos do que por aquele a que está sendo imputado ao agente.

Nem se diga da impropriedade de afastar-se regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito.

Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas, ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001).

No mesmo sentido, o ensinamento de Paulo Bonavides:

“A lesão ao princípio é indubitavelmente a mais grave das inconstitucionalidades porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem constitucional não há garantia para as liberdades cujo exercício somente se faz possível fora do reino do arbítrio e dos poderes absolutos.” (Op. cit., p. 396).

Por este motivo, e para possibilitar uma interpretação do dispositivo penal conforme as regras constitucionais, aplico, ainda que caracterizada a reincidência, a causa de diminuição do art. 33, §4º, da nova Lei de Tóxicos, no patamar de .... (menor do que a redução máxima de 2/3, justamente em face da reincidência) à pena originalmente fixada de 5 anos.

....garantindo o exercício de direitos....

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Juízes começam a superar armadilhas do positivismo, pelas quais estariam obrigados a aplicar todas as leis, menos as fundamentais, e apreciar todos os conflitos, exceto os políticos.

Durante longo período, o dogmatismo estabeleceu limites ao Judiciário, como aplicador neutro e apolítico de normas positivas, afastando-o do questionamento sobre valores, como de resto a própria teoria de um direito puro. Não é preciso ir longe para ver o desatino. Bastam as atrocidades praticadas quando nazismo e fascismo vigoraram sob estruturas formalmente legais.

No pós-guerra, germinou a idéia do novo constitucionalismo, moldado à luz da dignidade humana e com a incorporação, pelo Estado de bem-estar, de pautas econômicas e sociais. As novas Constituições passaram a assegurar expressamente o direito à educação, saúde, cultura e outros.

A revanche do positivismo, expressão do conservadorismo jurídico, deu-se com a teoria das normas programáticas, segundo a qual esses novos direitos eram meras "cartas de intenção" e só seriam aplicáveis quando ou se transformados em leis.

Premidos pelos conflitos da vida real, com a insuficiência dos critérios propostos pela dogmática jurídica, os juízes começam a superar armadilhas do positivismo, pelas quais estariam obrigados a aplicar todas as leis, menos as fundamentais, e apreciar todos os conflitos, exceto os políticos.

Devem fazê-lo, sobretudo, por três motivos: a) princípios também são direitos, superiores às leis, pois previstos na Constituição; b) nenhuma lesão de direito pode deixar de ser apreciada, cláusula pétrea que representa o direito aos direitos; c) a função do Judiciário é impedir o abuso de poder, limitando a atuação dos demais poderes aos termos da Constituição.

É disso que trata a obrigatoriedade que vem sendo imposta ao Executivo, em decisões judiciais, quanto ao fornecimento de remédios a pacientes com gravíssimas moléstias e sem condições de adquiri-los. Situações-limites, nas quais muitas vezes a recusa pode significar a morte. No fundo, é uma questão relativamente prosaica, que, ante o tradicionalismo jurídico, ganha ares revolucionários: tutelar os direitos é garantir o seu exercício.

Se a Constituição determina que saúde é direito de todos e dever do Estado, impõe o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção e se funda na diretriz do atendimento integral, não pode o direito ser restringido por administradores.

Se o direito ao tratamento é direito à saúde, como negar que o acesso a medicamentos indispensáveis à vida também seja obrigação pública?
Ao Estado incumbe a adoção de políticas públicas que permitam ao indivíduo o gozo desses direitos, alocando verbas suficientes para a inclusão social que determina a Constituição, em detrimento de outras despesas menos relevantes, ainda que politicamente mais recompensadoras. Em relação aos direitos humanos de primeira geração, limitar o abuso do poder é impedir mecanismos que constranjam a liberdade. Aos direitos de segunda geração, como educação e saúde, é determinar a realização da prestação pública. Nesse caso, omissão é a própria violação do direito.

O STF começa agora a analisar a questão dos remédios. Tem importante precedente sobre políticas públicas em que se ancorar. Julgando o recurso extraordinário nº 436.996, acerca da obrigatoriedade de vagas na educação infantil, a Corte Suprema já decidiu que é possível ao juiz determinar a implementação de políticas públicas sempre que órgãos estatais comprometerem, com a omissão, a eficácia de direitos sociais.

Como se vê, a discricionariedade do administrador não é absoluta. Há uma pauta de ações sociais a que está vinculado pela Constituição, formando um mínimo de exigências que asseguram a dignidade humana. Prestações sociais não são meras decisões de conveniência e oportunidade.

O ativismo judicial não é propriamente novidade, ainda que utilizado com excessiva parcimônia por aqui. Nos EUA, foram decisões da Corte Suprema que abriram espaço para o fim da segregação racial. Entre nós, vários temas saíram das lides para mudar a lei: proteção aos direitos da companheira e incorporação de crianças de seis anos ao ensino fundamental, entre outros. Quiçá o direito à saúde saia fortalecido da discussão.

[artigo publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo]

...Juízes defendem direito de expressar suas opiniões....

Juízes defendem direito de expressar suas opiniões
Por Marina Ito (apud Revista Consultor Jurídico)



Houve um tempo em que a frase "o juiz não fala fora dos autos" era repetida à exaustão pelos magistrados. Mesmo com a abertura do Judiciário, nos últimos anos, é comum se deparar com juízes que evitam os meios de comunicação. Outros, como pode comprovar a internet e suas redes socias, opinam, criticam, defendem seus pontos de vistas sobre os mais variados assuntos.

Qual o limite para a manifestação do juiz? Nesta semana, a ConJur noticiou a exceção de suspeição proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o juiz Rubens Roberto Rebello Casara. Pouco depois de ter sido deflagrada a operação policial no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, o juiz criticou, em entrevistas concedidas à imprensa, as irregularidades denunciadas pelos moradores do conjunto de favelas.

Operadores do Direito, ouvidos pela reportagem, defenderam o direito de juízes expressarem sua opinião. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o juiz é um cidadão. Desde que não se pronuncie antecipadamente sobre uma causa que esteja relatando ou prestes a dar uma decisão, afirmou, não pode ser amordaçado. "Pode haver a suspeição se o juiz antecipar um ponto de vista da causa." Causas, explicou o ministro, que envolvem direitos subjetivos e individuais entre partes. "A linha divisória é a causa que ele virá a julgar", explicou.

Marco Aurélio, ele próprio membro da mais alta Corte do país e que não se furta às perguntas que lhe são feitas, constantemente, pelos jornalistas, afirma que o juiz não pode antecipar seu ponto de vista em matérias que irá julgar. No mais, diz, vale a liberdade de expressão que é a tônica maior da democracia. "O meu receio, em termos de democracia, de Estado de Direito, é o silêncio, a apatia." O juiz só está impedido, diz, quanto à controvérsia que terá de julgar. "Se não for assim, nós, juízes, perdemos a cidadania."

"O juiz não pode antecipar opinião e fazer pré-julgamento", disse o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo. Ressalvando não conhecer o caso concreto e falar em tese, o ministro citou a Lei Orgânica da Magistratura, que proíbe o juiz de se manifestar sobre casos que estejam julgando. Mas isso não quer dizer, explica, que o juiz não possa alertar para determinadas condutas. O ministro lembrou que ele e outros integrantes do Supremo já criticaram muito operações da Polícia Federal, mas sem apontar uma específica.

Gilmar Mendes foi alvo de críticas durante todo seu mandato como presidente do Supremo e do CNJ, justamente porque nunca deixou de dar a sua opinião, muitas vezes, polêmica. Pouco antes de terminar sua gestão, defendeu que o presidente da mais alta Corte de Justiça do país tem um papel amplo, de liderança no Poder Judiciário, e portanto, o dever institucional de se manifestar.

"O direito de crítica é inerente à função do juiz. Ele é um agente político, além de ser cidadão", disse o juiz federal Ali Mazloum, de São Paulo. "A tentativa de reduzir a magistratura a uma espécie de repartição pública", continua, "atenta contra a Constituição Federal e o Estatuto da Magistratura".

No caso específico, diz Mazloum, o juiz tinha direito de fazer críticas genéricas à atividade policial. Para o juiz federal, o juiz tem o direito e o dever de criticar. "O MP precisa tentar exercer sua função de forma mais responsável e parar de fazer patrulhamento ideológico contra juízes", completou.

O próprio juiz federal já foi investigado em uma operação da Polícia Federal, sendo que a denúncia foi trancada pelo Supremo por ser inepta. Ali Mazloum moveu ações contra promotores e delegados. Já condenou e absolveu delegados em processos que foram distribuídos à 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, da qual é titular. Em nenhum dos casos, a defesa arguiu a suspeição do juiz por ele estar à frente do feito, supondo que estaria impedido por já ter ele mesmo sofrido uma persecução penal que restou infundada e por ter acionado os autores desse processo criminal.

O juiz Antônio Augusto de Toledo Gaspar, 2º vice-presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj), afirma que a Loman e o Código de Ética, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, impedem que o juiz se manifeste sobre processos que estejam sob seu crivo ou que possam ser distribuídos a ele. No Direito Penal, explica, as condutas são tipificadas. Para que o juiz fique impedido ou suspeito, tem de se manifestar sobre a conduta.

O 2º vice-presidente da Amaerj lembrou, ainda, que o juiz é vigiado 24 horas por dia pela sociedade. Tem de ter cuidado ao se pronunciar sobre temas que estão dentro do limite territorial onde atua. Entretanto, diz, se ele não se pronunciar de forma cabal sobre um fato que está sob o crivo dele, não há porque estar impedido ou ser suspeito.

Em relação ao caso concreto, Gaspar disse que o juiz Rubens Casara é conhecido como garantista, além de ser professor e doutrinador. Todo mundo sabe qual é a posição dele, diz. "Eu também sou professor da Emerj e digo qual é a série de balizamentos para a condenação por dano moral. Nem por isso eu ficaria impedido de julgar casos que envolvam a matéria", afirmou.

O juiz de Direito Gervásio dos Santos, do Maranhão, entende que o juiz se expressou na condição de cidadão. "Sequer tinha ideia de que processos gerados pela operação chegariam até ele", disse. Para Gervásio, querer afastar o juiz desses processos pelas declarações dadas equivale a tolher a capacidade do magistrado de ser cidadão e poder se expressar sobre fatos gerais.

Ele afirmou que a operação policial no Alemão, que reuniu não só as Polícias Civil e Militares do estado, como a Polícia Federal e as Forças Armadas, foi muito repercutido não apenas no Rio de Janeiro. Juízes, de outras cidades inclusive, falaram sobre a operação, apontando pós e contras, críticas e elogios. "Apresentar exceção de suspeição contra um juiz que, na condição de cidadão, expressa sua opinião, parece exagero", afirmou.

O secretário-geral do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coelho, disse que há uma diferença entre expressar a opinião e fazer pré-julgamento. "O pré-julgamento é prejudicial ao processo, diferente de apenas uma opinião."

Para o advogado, o caso reforça a tese de que não só o juiz como o próprio Ministério Público deveria ter prudência ao anunciar suas conclusões sobre uma matéria. "É preciso ter cautela no sentido de que as declarações sejam feitas de forma adequada", diz. Ao comentar o caso concreto, o secretário-geral da OAB disse que o juiz afirmou ser contra arbitrariedades. "Todos têm opinião", disse.

O advogado estranhou, ainda, a postura do Ministério Público, já que seus membros costumam comentar sobre os casos que estão sob seus cuidados nem que por isso fiquem suspeitos. "O fato de alguém ser acusado não quer dizer que ele seja culpado", lembrou.

Crítica à abuso
Na exceção de suspeição apresentada contra o juiz fluminense, o Ministério Público diz que o juiz teria sua imparcialidade comprometida por declarações dadas à imprensa na época da deflagração da operação policial nas comunidades da Penha. Em um dos trechos, publicados em entrevista na revista Carta Capital, o juiz diz: "as notícias que chegam são de que estão invadindo casas, prendendo pessoas para averiguação e usando uma série de atos completamente desassociados do projeto constitucional".

O juiz tece críticas em relação ao modo como se deu a operação policial. Ele disse ver com preocupação a atuação do Estado, já que, na tentativa de combater os que violam a lei, o próprio Estado a estava violando. "O que estimula a ilegalidade é toda uma cultura autoritária, com institutos e práticas que desrespeitam o outro e estão descompromissados com a democracia", disse na ocasião.

Em dois dos cerca de oito processos distribuídos ao juiz, já houve sentença. Os aspectos legais da prisão dos réus nem chegaram a ser discutidas, já que o Ministério Público pediu a absolvição dos acusados.

....entrevista de Rubens Casara à Carta Capital....

Leia a íntegra da entrevista em questão:

Quando a ação policial perde a legitimidade
Ricardo Carvalho
2 de dezembro de 2010 às 10:39h

Coordenador da Associação Juízes para a Democracia afirma que as denúncias de abuso de policiais nas operações dos morros cariocas representam uma crise de legalidade existente no Brasil

Desde o início da semana passada, o Rio de Janeiro vive uma situação de guerra contra o tráfico. A ação policial, que contou com o suporte das Forças Armadas, resultou na invasão da comunidade Vila Cruzeiro e, posteriormente, do Complexo do Alemão. Nos últimos dias, entretanto, surgiu na mídia uma série de denúncias por parte de moradores de abusos realizados pelas forças policiais. Entre as reclamações, destruição de eletrodomésticos, desaparecimento de dinheiro e outros bens e invasão de domicílios (leia Moradores acusam policias de abuso no Alemão).

O Conselheiro e Coordenador do Núcleo do Rio de Janeiro da Associação Juízes para a Democracia (AJD), Rubens Casara, vê as reclamações de abuso policial com preocupação e afirma que demonstram uma crise de legalidade. Casara defende que a violação de preceitos da constituição pela polícia é incompatível com o regime democrático. “Agir dessa maneira significa duas opções:ou rasgamos a Constituição, ou acabamos com a hipocrisia e admitimos que a democracia não é para todos”.

Confira a entrevista:

CartaCapital: Como a AJD se posiciona em relação às notícias de abuso policial?
Rubens Casara: As notícias que nos chegam são encaradas com muita preocupação, porque demonstram sintomas de uma crise de legalidade. Na tentativa de combater aqueles que violam a lei, o próprio estado a está violando. Assim, a atuação estatal perde qualquer legitimidade. O que está por trás disso, mais do que fatos isolados, é um grave problema de estrutura e de valores daqueles órgãos encarregados da execução penal. O problema não é um ou outro policial que está abusando, mas sim uma estrutura leva a esse tipo de arbítrio.

CC: Você considera que a população em geral está justificando a ação do Estado?
RC: Parece-me que a sociedade brasileira, e até as vítimas da opressão estatal, se acostumaram com o autoritarismo. E essa é uma herança maldita dos tempos da ditadura, período não tão distante. As pessoas confundem a presença da autoridade com a prática de atos autoritários. Então causa muita surpresa e uma certa perplexidade a reação entusiasmada da grande maioria da população com esse tipo de ação. Não com o combate à criminalidade, que me parece sempre salutar, mas com a aceitação de que para isso se violem as leis. As notícias que chegam são de que estão invadindo casas, prendendo pessoas para averiguação e usando uma série de atos completamente desassociados do projeto constitucional. Quando a sociedade naturaliza o abuso e acaba dando ar de legitimação a esse abuso, há um grande problema. A sociedade acaba dando sinais de que ainda não conseguiu consolidar uma cultura democrática.

CC: Essas violações no Rio de Janeiro podem representar um retrocesso no âmbito dos direitos sociais?
RC: Com certeza representam um retrocesso e são sintomas de um autoritarismo incompatível com o regime democrático. Queremos agir da maneira como a polícia, segundo as denúncias, está operando? Tudo bem, mas primeiro rasgamos a Constituição e deixamos de viver em uma democracia. Esse é o preço a pagar pelo desrespeito aos direitos fundamentais. Ou então paramos com a hipocrisia e afirmamos que a democracia é para poucos, para os que podem ter os direitos fundamentais preservados.

CC: Você considera a ação policial, da maneira como foi realizada, efetiva?
RC: Não há como supor ingenuamente que a partir dessa ação o tráfico de drogas desapareça. Ou mesmo que as pessoas, que formam um verdadeiro exército de indivíduos que não interessam à sociedade de consumo e que não estão inseridas no mercado de trabalho, vão começar a sobreviver de maneira lícita. Isso é ilusório. Um exemplo: arma não cresce dentro da comunidade. A droga não é plantada nem refinada ali. Será que atos de inteligência que impedissem a droga ou a arma de entrar não seriam mais efetivos e de acordo com a Constituição? Esses últimos atos policiais me pareceram, literalmente, um espetáculo para inglês ver. Além de demonstrar a presença do estado e reafirmar valores. Só que são valores reafirmados a partir de práticas que desconsideram a constituição, o que desde logo os deslegitimam.

CC: De que maneira você enxerga o posicionamento da mídia na cobertura da ação policial?
RC: A leitura que nós estamos fazendo é que uma parcela considerável da mídia, principalmente da chamada grande mídia, trabalha a partir da estética da Disney, do bem contra o mal. Qualquer acontecimento ou conduta é um fato social muito mais complexo e que não pode ser reduzido da maneira como está sendo pelos meios de comunicação. Essa estética Disney, como se a pessoa acusada de tráfico fosse a encarnação do demônio e os agentes do estado, a esperança da realização dos direitos, é simplista e descontextualizada. Nós esperávamos da mídia uma abordagem crítica no sentido de tentar ver o que se esconde por trás dessa atuação policial, o que se esconde por trás também da questão das drogas ilícitas e das organizações criminosas. O que nós vemos no Rio de Janeiro é a ponta de um iceberg de um grave problema social que não está sendo efetivamente combatido.

CC: Quais seriam esses problemas sociais?
RC: É a substituição do estado social, de políticas sérias de saúde e educação, pelo estado penal. Estamos instrumentalizando uma indústria do direito abstrato de segurança com consequências graves, como o surgimento de grupos paramilitares, em detrimento do direito à vida, à integridade física e à saúde.

Ives Gandra e a Comissão da Verdade

Este é o artigo publicado por Ives Gandra na Folha de São Paulo, referido no post "John Rawls e a Comissão da Verdade", publicado no BLog Sem Juízo. Vale a pena ler a resposta de Marcio Sotelo Felippe em nome da prevalência da razão democrática e os direitos humanos.




Sou um admirador das séries de "Star Trek". Suas edições refletem muito a história da humanidade. Os Borgs são um povo de humanos robotizados e respondem a um comando central único, que pretende ""assimilar" todos os povos do universo. Assimilar é fazer com que pensem rigorosamente como eles e obedeçam como uma só unidade. Senão, são mortos.

Os Borgs representam as ditaduras ideológicas, que não admitem contestação e que procuram dominar os povos, eliminando as oposições e as verdadeiras democracias. Se a 1ª Guerra Mundial foi um embate pela realocação de poderes na Europa, a 2ª Guerra já foi uma guerra entre as democracias e os regimes totalitários (alemão, italiano e russo, visto que, no início, Stálin apoiou Hitler na invasão à Polônia).
A vitória de princípios democráticos naquele conflito, que gerou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10/12/1948, nem por isso eliminou essa luta permanente entre ideologias totalitárias, que não admitem contestação e que continuam poluindo a convivência das nações e das democracias.

Rawls, em dois de seus livros, "Uma Teoria da Justiça" e "Direito e Democracia", mostra que a democracia só pode ser vivida se as teorias políticas não forem abrangentes em demasia e possam conviver, em suas diversidades, com outras maneiras de pensar. Teorias abrangentes provocam a eliminação dos opositores ou a "assimilação", no estilo dos Borgs da "Star Trek", daqueles que vivem sob seu jugo. Estamos no início de um novo governo, tendo a presidente sinalizado, mais de uma vez, que quer fazer um governo de união, mas com respeito aos opositores. Não creio que a Comissão da Verdade venha auxiliar muito esse seu projeto, na medida em que, sobre relembrar fantasmas do passado e rememorar dolorosos momentos de história em que militares e guerrilheiros torturaram e mataram, tende a abrir feridas e a acirrar ânimos.

Como ex-conselheiro da seccional de São Paulo da OAB, durante seis anos no período de exceção, estou convencido de que com a arma da palavra fizemos muito mais pela redemocratização do que os guerrilheiros com suas armas, que, a meu ver, só atrasaram tal processo. À evidência, sou favorável a que os historiadores -e não os políticos- examinem, pela perspectiva do tempo, o ocorrido naquele período, pois não são os políticos que contam a história, mas, sim, aqueles que se preparam para estudá-la e examinam-na sem preconceitos ou espírito de vingança. Apoio, entretanto, o entendimento do ministro Nelson Jobim de que, se for instalada Comissão da Verdade, ela deve refletir o pensamento dos dois lados do conflito.

Tenho fundados receios de que uma pequena ala de radicais, a título de defender "direitos humanos" por um único e distorcido enfoque -e os vocábulos permitem uma flexibilização infinita para todos os gostos-, pretenderá "assimilar", à maneira dos Borgs na "Star Trek", todos os que não pensem da mesma maneira, transformando uma Comissão da Verdade em Comissão da Vingança. Pessoalmente, como combati o regime de então -sofri em 1969, inclusive, pedido de confisco de meus bens e abertura de um IPM (Inquérito Policial Militar), processos felizmente arquivados- e participei da Anistia Internacional, enquanto tinha um ramo no Brasil, por ser visceralmente contra a tortura, sinto-me à vontade para criticar a "ideologização" dos fatos passados, a meu ver enterrados com a Lei da Anistia, de 1979. Que os historiadores imparciais -e não os ideólogos- contem a verdadeira história da época, pois são para isso os mais habilitados.


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IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, 75, advogado, professor emérito da Universidade Mackenzie, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra, é presidente do Conselho Superior de Direito da Fecomercio. Artigo publicado hoje, na Folha de São Paulo

Diabo

DIABO - José Américo Rodrigues Gomes dos Santos


Para o jornal do bairro não adiantava mandar mais nada. Eles simplesmente ignoravam a matéria e não davam satisfações a ninguém. Escrever, ele escrevia, com muita correção. Sabia usar a crase, a colocação dos pronomes, acentuação, vírgulas, sintaxe perfeita, nada de erros de ortografia. Sabia tudo. Até figuras de linguagem, que são muitas e com nomes complicados.

Seu sonho era ser escritor, mas ninguém se interessava pelas coisas que escrevia: crônicas, contos, poesias, pequenas recordações. E tudo tudo. Tudo de um tudo.

O jornal do bairro nem sequer se dava ao trabalho de acusar o recebimento do escrito e justificar as razões de sua não publicação. Não o publicavam e não se explicavam.

Comparou uma crônica publicada com outra de sua autoria. A sua era infinitamente melhor. Mas que critérios serviriam de norte para se aceitar ou recusar um trabalho, já que a sua, que era melhor a olhos vistos, fora preterida por outra, enfadonha, cansativa? Sentiu-se injustiçado a mais não poder.

Resolveu pôr tudo em pratos mais ou menos limpos. Foi à sede do jornal e indagou a respeito do responsável ou responsáveis pela seleção dos textos. Era uma moça bonita, de uns trinta e cinco anos. Peituda, mamilos perfurando a camisa, chegava a dar tesão. Mas ele não estava ali para aquilo. A senhorita pode explicar-me porque a minha crônica foi recusada, e outra, muito inferior, perdoe-me a exacerbada modéstia, foi publicada? Eu concordo com o senhor, seu texto deixa no chinelo o outro, mas havia razões que nos levaram a optar por ele, medíocre, por sinal. O pai do moço que escreveu aquela crônica é grande anunciante do jornal, se não o maior, um dos três maiores. Não podíamos magoar seu filho. O pai veria naquilo uma grande afronta feita, a si. Perdíamos o anunciante e a amizade. A amizade vá lá, mas o dinheiro dos anúncios, esse não podíamos perder. Não se iluda: os textos não são escolhidos pelo seu valor literário, mas por interesses outros, como o que acabo de citar. Não são só os recusados que se aborrecem. Muita vez nós, do jornal, também ficamos revoltados ao ver que jovens e promissores talentos, com uma mãozinha nossa, são relegados ao esquecimento. Até já pensamos em reparar essa tão reiterada injustiça com a publicação de todos os escritos não publicados, forma de render homenagem aos injustiçados. Seria uma edição de luxo, até pensamos em capa dura. Mas a crônica falta de dinheiro não permite que a merecida homenagem seja prestada. Lamento muito, mas se a direção do jornal mudar, quem sabe, mudarão também as diretrizes estéticas. Não é concebível que o metal vil se sobreponha à estética. Artistas têm que ser respeitados. Tente alguma editora pequena, dessas que gostam de lançar novos talentos. Estou certa de que a qualidade de sua escrita vai levá-lo muito longe, pô-lo nas alturas. Despediu-se amavelmente, pôs-lhe a mão no ombro e acompanhou-o até a saída.


Depois retornou a sua sala e disse para quem a quisesse ouvir: É aquele pentelho que está sempre mandando coisa. Quando não é uma crônica é um conto. Quando não é um conto é uma poesia. Tudo daquele jeito piegas, chato, imbecil. Sinto enjoo quando leio, por obrigação, o que ele escreve. Mas agora estou mais esperta. Logo que começo a leitura e noto que é coisa dele paro de ler. Afinal, não sou nenhuma masoquista. Mas a melhor vocês não sabem. Ele se julga um gênio incompreendido, diz que seu talento não é reconhecido, que ninguém mais entende de literatura. E mostrou em sua crônica duas figuras de linguagem que empregara. Uma delas, por sinal, abominável, mais parece barbarismo do que figura de linguagem. É um tal de anacoluto, que só a ignara ralé emprega: o Brasil, ele é o celeiro do mundo. Bastava o Brasil. A troco, esse ele? Só para dizer que é anacoluto. Coisa mais horrorosa. E ia nesta toada, tirando gargalhadas dos que a ouviam.

Não desanimava com facilidade. Selecionou os seus melhores contos e começou a percorrer as editoras todas, pequenas ou grandes. Não entendera muito bem aquela história de começar com uma editora pequena. Não queria ser tachado de alternativo. Almejava o sucesso, a fama, a riqueza, grandes tiragens, não três mil exemplares, como sói acontecer, mas algo na casa dos trinta mil, isso para começar. Depois, teria sua obra traduzida para, no mínimo, no mínimo, trinta e sete línguas. Aí as tiragens já se contariam pelos milhões. Tudo conseguiria com sua inigualável escrita, único dom que possuía. Sonhava com a glória. Embriagava-se com a fama que teria, mais dia, menos dia.

As editoras não o chamavam. Não o chamaram. Explicavam que tudo já havia sido explicado: os originais não seriam devolvidos aos seus autores e não se sentiam obrigadas a falar dos critérios que nortearam a seleção.

Estas adversidades, ao invés de abatê-lo, renovavam-lhe as esperanças. Aquela gostosa do jornal do bairro não elogiara tanto o seu trabalho? É claro que ele tinha valor. Só um cego não veria isso. Ele se imaginava no mais luxuoso hotel de Dubai a preencher uma ficha e a escrever no campo destinado à profissão: escritor. Seria, ou não, a glória?

Se por um lado era todo entusiasmo, por outro não podia deixar de notar que todas as portas lhe eram fechadas. Primeiro, o jornal do bairro. Pelo menos enquanto não mudasse a direção. Depois, as editoras, todas, grandes e pequenas, até médias.

Ou seria escritor famoso ou não seria nada. Não tinha plano B. Era vencer ou vencer. A Academia não o empolgava, conhecia muitos acadêmicos obscuros.

Começou a entrar em salas de bate-papo na internet e a tecer relações virtuais. Sexo, sexo, sexo era o que rolava. Muita perversão. Muita bizarrice. Dava-se, porém, que vez que outra topava com leitor compulsivo que só fala de livros, livros, livros. No vem e vai da conversa arranjava jeito de dizer que escrevia, quer que lhe envie um conto que escrevi? Então vou mandar, depois você me responde, dizendo o que achou. Escolhia seu melhor trabalho e o encaminhava ao ávido leitor por e-mail. Estava certo de que receberia muitos elogios – aliás, merecidos – mas queria conhecê-los em toda a sua extensão. Às vezes os críticos veem, nas obras, preciosidades que nem o autor se dá conta. Esta é a marca do gênio. Criar o belo, mesmo que inconscientemente. No dia seguinte corria ao computador e: nenhuma mensagem nova. Nos dias seguintes a mesma coisa. E assim passam os dias e ele perguntando, perguntando, querendo resposta para o manifesto desinteresse.

Depois, a desconfiança, o temor: e se aquele a quem fora mandado aquele conto não passasse de um salafrário, que incitava os incautos a lhe mandarem textos e, depois de selecioná-los, os registrava como de sua autoria? Paranóia? Uma pinóia. Há tratantes bem capazes de fazer isso, na cara dura. Depois, como poderia ele provar que o verdadeiro autor da obra era ele, não o meliante?

Como nada se resolvesse neste mundo, voltou-se para o além, apegando-se a santos e fazendo promessas.

Santo Expedito era muito falado, tido e havido como o santo das causas impossíveis. Não era bem o seu caso. A causa seria impossível se ele não tivesse talento, mas ele tinha-o de sobejo. Só lhe faltava um empurrãozinho, um bafejo de sorte. Para que o santo não achasse que estava sendo pressionado, deu-lhe o prazo de um mês para obter a graça, ou seja, a publicação de qualquer trabalho seu em qualquer jornal ou editora. Valia até jornaleco. Alcançada a graça, mandaria imprimir vinte mil santinhos do santo, com sua oração no verso. O santo deve ter pensado o mesmo que ele. Aquela não era uma causa impossível, estando, portanto, fora de sua alçada. No fundo, no fundo, ele entendeu as razões do santo, que, por sinal, não diferiam das suas. Se a pessoa tem talento, como no seu caso, não seria impossível alçá-la às alturas.

Como nada conseguiu com Santo Expedito, voltou-se para São Judas Tadeu, que resolve casos difíceis, patrono das causas impossíveis. Reina alguma confusão entre os santos. Não é o Santo Expedito o patrono das causas impossíveis? E como se explica que São Judas Tadeu também o seja? Quem está usurpando atribuições de quem? Bem, mas como o santo também resolvia casos difíceis, quem sabe se, por esse viés, não seria alcançada a graça. Sua causa não era impossível – já foi dito – mas parecia difícil. Fez a mesma promessa que havia feito ao outro santo, para que nenhum deles se sentisse magoado. Tudo resultou em nada. Talvez o santo andasse muito ocupado em resolver causas impossíveis, com as quais não tinha nada a ver, relegando para o esquecimento as causas difíceis.

Pensar em Deus, que é bom, nada.

Ocorreu-lhe que o seu caso melhor seria resolvido por uma santa. Há-as tantas que uma delas bem que poderia resolver o seu problema. Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. A sua herança lusitana fez com que se lembrasse até da Senhora do Almortão, ó minha bela arraiana, virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Senhora do Almortão, eu pro ano não prometo, que me morreu o amor, ando vestida de preto.


Tudo bem considerado, não valia a pena pedir o que quer que fosse a uma santa. Se os santos, que são homens e vigorosos, não resolveram nada, como é que elas, frágeis mulheres, exceto a Santa Joana D’Arc, é claro, poderiam resolver.

Melhor abandonar esse caminho dos santos e ir para outras paragens.

Umbanda? Candomblé? Sem chance. O que é que uns orixás negros, iletrados, poderiam entender de literatura? Boa literatura, diga-se.

Abandonava os santos e os orixás, mas não o sonho de se tornar grande escritor, reconhecido pela crítica do mundo inteiro. Quem sabe um prêmio Nobel? Não era fora de propósito. Afinal, gente que produzia literatura muito inferior à sua já tinha sido laureado. Melhor nem dizer quem, que os artistas melindram-se por dá cá aquela palha.

Estava acuado. Vontade de atirar-se do Viaduto do Chá. Só não o fazia porque não estava mais na moda. O entusiasmo dera lugar à desolação. Não sabia mais o que fazer. Matutava, matutava e nada.

Um dia, o estalo. Como é que não tinha pensado nisso antes, coisa tão clara, tão evidente, e nem sequer se lembrara, ligeiro pensamento que fosse.

Essas coisas de fama, glória, reconhecimento do público e da crítica, fortunas, rios de dinheiro, tiragens de milhões de exemplares, traduções em um sem número de línguas, essas coisas não eram da seara dos santos, mas do Diabo. Até estranhou que este já não lhe tivesse aparecido para lhe propor um pacto: tudo o que ambicionava em troca de sua alma. O Diabo era conhecido por sua generosidade: dava às pessoas com quem fazia acordo tudo o que elas almejavam e muito mais, coisas que nem supunham existir, que não pediram mas lhes eram dadas para que seus sonhos se realizassem e superassem todas as expectativas.

O preço era alto, sabia, o mais alto que alguém pode pagar. Entregar a alma ao diabo, ir depois para o inferno, na mais completa danação. E por toda a eternidade. E a eternidade é muito tempo, é todo o tempo. Analisada a questão por outro ângulo, tem-se perspectiva diferente. Será que o inferno é tão ruim assim como o pintam. Se se for analisar direito, chega-se à conclusão de que só vão para o céu as pessoas chatas, as certinhas. Deve ser um tédio sem fim. Pessoas interessantes vão para o inferno, pelo visto. Gente mais alegre, mais porra-louca, drogados, prostitutas, cafetões. É, até drogados. O Papa não acaba de criar mais esse pecado? O que está no Gênesis é que Deus fez as ervas e viu que elas eram boas. Agora vem o Papa e diz que usar erva é pecado. Será que ele não está querendo ser mais divino do que Deus? A Madre Tereza de Calcutá, o Frei Damião, Doutora Zilda Arns e afins devem estar no céu. Mas que tipo de conversa se pode ter com eles? Já Michael Jackson deve estar no inferno. Afinal, molestava crianças e consumia drogas, no céu não pode entrar. E no inferno não fará shows, exibindo a sua linda dança? A Madona no céu não combina. Nem a Billie Holiday, com as veias entupidas de tanta heroína. Se a questão for companhia, parece que no inferno está-se melhor. E também dizem que não se encontra um bom lugar no céu. Os melhores lugares já foram ocupados pelos caldeus, egípcios, sumérios, gregos, romanos, etruscos. Não se encontra lugar que preste.

O pacto tinha os seus prós e contras. Era preciso pensar bem, talvez essa fosse a decisão mais importante de sua vida. Não, essa não era a mais importante decisão. A mais importante era tornar-se escritor renomado, assediado, querido, amado, premiado muitas vezes.

Definida a questão mais importante, o dilema, faço ou não o pacto, resolve-se sozinho. Decidiu ser escritor e arcar com todas as conseqüências, que, como se viu, podiam nem ser tão funestas.

Estava decidido. Faria o pacto.

Em casos assim, a iniciativa costuma partir do Diabo. Até estranhava não ter sido procurado ainda. De qualquer maneira, não deveria ser tão difícil topar com o Diabo e perguntar-lhe se ele aceitaria fazer o pacto. Oferta tão generosa não poderia ser considerada falta de educação. O Diabo era experiente, não ficaria ofendido se lhe fizessem uma proposta que todos sabem que ele vive fazendo. Cumpria achar o Diabo.

Dizem que o Diabo mora nos detalhes. Mas, como ele não conhecesse nenhum detalhe, por essa via não o encontraria.

À noite, em seu quarto, num misto de emoção e medo, resolveu fazer a invocação. Fê-la da forma mais singela possível. A única dúvida que teve residia em saber se ao invocar o Diabo deveria olhar para o alto ou para baixo. Por tudo o que lhe ensinaram o céu ficaria lá no alto. Assim, o inferno deveria ficar em lado oposto, nas profundezas. Em dúvida sobre como proceder, não achou bem invocar criatura tão poderosa encarando o chão. Por razão óbvia, também não podia olhar para o alto. Ficou num meio termo, olhando para a frente. A invocação, que já deveria estar preparada e decorada, foi improvisada depois de alguns momentos de reflexão. Tremia. A voz parecia não querer sair da garganta. Até que tomou coragem: Apareça, poderoso Diabo, diante deste seu humilde servo que lhe quer entregar a alma. Esperou, apreensivo, mas nada aconteceu, ninguém apareceu.

Estava intrigado com aquele fato, de ninguém se ter apresentado, principalmente em se tratando de ente que dizem estar em todo lugar. Pensava no que poderia ter feito de errado. Estava perdido em seus pensamentos e no meio destes veio o seguinte: o Diabo é conhecido por muitos nomes, todos sabem disso. Quem sabe ele não esteja mais atendendo pelo nome de Diabo. É preciso fazer nova invocação, com nomes diferentes.

Satisfeito com a invocação que preparara, concisa, clara, nada rebuscada, nada barroca, pôs-se a fazê-la, mas dizendo outros nomes: Satanás, Satã, Lúcifer, Anjo Rebelde, Belzebu, Bruxo dos Infernos, Dragão, Espírito das Trevas, Gênio do Mal, Príncipe das Trevas, Serpente Infernal, Arrenegado, Atentado, Bode Preto, Capeta, Cão-Tinhoso, Coisa-Ruim.

Os chamados, com nomes tão diferentes, não resultaram em nada. Ninguém apareceu, nem ao menos um representante. Outros nomes tinha o diabo, mas se não atendera ao chamamento dos principais, decerto tinha farejado o negócio e não se interessara por ele. Estará a minha alma valendo tão pouco que nem o Diabo a quer? E mais: ele nem conhece a minha proposta. Poderia ser um negócio altamente lucrativo para ele eu prometer, além da minha alma, mais umas três ou quatro. As das empregadas. A do vigilante da rua. Estes se contentariam com um pequeno aumento de salário. Até já ouvi uma das empregadas dizer que ia cuidar do corpo porque a alma não tinha mais jeito.

Talvez eu devesse acender algumas velas pretas e vermelhas, cores de Exu, que não é Diabo, mas é tido como tal.

Fiz tudo errado. O caminho estava diante de mim e eu consegui a proeza de não o ver. Agora eu via tudo com clareza. Essa história de que Satanás está em todos os lugares é pura balela. Ninguém consegue ser tão façanhudo. Ele tem que ser procurado em sua habitação. Onde? Onde? Só pode ser num lugar: A Caverna do Diabo.

Agora eu consigo trazê-lo. Não há como errar. Viagem cansativa ao Município de Eldorado, interior de São Paulo. Entrando na caverna avançou muito em seu interior. Trouxe velas pretas e vermelhas, que acendeu, mesmo não achando necessário. Nunca se sabe. Invocou-o pelos seus nomes todos. Tudo em vão. Tudo debalde. Não apareceu nem mandou representante, um diabinho de segundo escalão que fosse. Nem isso.

Nada mais fazia sentido. Todos sabem que o Diabo é louco por uma boa alma. Fausto não me deixa mentir. Ele pensava, pensava e pensava. O que teria ocorrido? Um pensamento diabólico dominou-o. Era isso! Só podia ser isso! O Diabo não apareceu porque sabia que, com seus pensamentos, invocações, disposição para o pacto, com tudo isto ele já lhe entregara a alma. Bem pecaminosa tinha sido a sua conduta, suficiente para mandá-lo para os quintos dos infernos por toda a eternidade. O diabo, com cálculo satânico, deve ter pensado: por que comprar uma alma se a posso ter de graça.

Ao pensar nisto, indignou-se com o Coisa-Ruim, por se julgar tão ardiloso, tão arguto, tão cheio de si. Comportamento diabólico, digno do Príncipe das Trevas. Mas ele conseguiu atinar com o motivo real da sua falta de interesse em negociar a alma. Só dependia de ele passar o Diabo para trás. E foi o que fez. Assim ele deixaria de ser besta, mesmo continuando a ser a Besta.

Com toda a força dos seus pulmões, três vezes tuberculosos, lançou contra Satã três versos de sete sílabas: Não quis comprar minha alma?! De graça não vai levar! Diabo filho da puta!


Depois, entrou numa igreja, confessou seus pecados, arrependeu-se, foi absolvido e cumpriu a penitência que lhe foi imposta.


Continuarei a minha luta. Estou certo de que ainda serei um escritor de nomeada. Serei, não. Já sou. E tenho outra qualidade: Sou muito modesto.